El Gobierno prepara una reforma del sistema de prevención del blanqueo de capitales que afectará al control de la titularidad de las sociedades. El objetivo es mejorar la identificación de las personas físicas que poseen o controlan realmente una empresa.
La medida no crea un nuevo registro. El Registro Central de Titularidades Reales funciona desde septiembre de 2023 y centraliza información procedente, entre otras fuentes, de los registros mercantiles y del Notariado.
La principal novedad será reforzar su capacidad para verificar la información declarada. El anteproyecto prevé nuevas facultades de inspección y sanción para comprobar que los datos permiten identificar al verdadero propietario o controlador de una sociedad.
Qué se entiende por titular real de una empresa
La titularidad real no siempre coincide con el nombre que figura directamente como propietario de una sociedad.
La normativa busca identificar a la persona física que controla una empresa de forma directa o indirecta. Entre los supuestos contemplados se encuentra superar el 25% de la propiedad o de los derechos de voto, aunque el control también puede ejercerse por otras vías.
La cuestión cobra especial importancia en estructuras empresariales formadas por varias sociedades. Una persona puede controlar una compañía a través de otras empresas interpuestas sin aparecer directamente como propietaria de la sociedad que realiza una determinada operación.
El sistema pretende reconstruir esa cadena hasta localizar a la persona física que se encuentra detrás del control empresarial.
El Registro tendrá más capacidad de comprobación
El Registro Central ya reúne información oficial y conserva datos históricos. También puede reflejar si la titularidad procede de la propiedad o del control y, en determinados casos, identificar sociedades interpuestas.
La reforma no implica, por tanto, comenzar desde cero. El cambio está en ampliar las herramientas para verificar que los datos son correctos.
El Ejecutivo quiere evitar que el Registro se limite a recoger la información comunicada previamente. Para ello, plantea dotarlo de mayores potestades de inspección y sanción.
El anteproyecto todavía debe continuar su tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley, por lo que estas nuevas facultades no están actualmente en vigor.
El objetivo: dificultar sociedades pantalla y testaferros
El refuerzo de la titularidad real forma parte de las medidas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Conocer quién controla una compañía permite seguir operaciones que podrían resultar difíciles de detectar si las autoridades atendieran únicamente al propietario formal.
La información también busca ayudar a identificar el uso de testaferros. Es decir, situaciones en las que una persona aparece formalmente vinculada a una sociedad mientras otra mantiene el control efectivo.
Otro de los focos está en las estructuras societarias utilizadas para ocultar patrimonio o dinero. La existencia de varias compañías interpuestas puede dificultar la identificación del verdadero controlador.
Estos datos pueden utilizarse además en investigaciones relacionadas con delitos económicos, corrupción o financiación del terrorismo. Entre las autoridades con acceso al Registro figuran la Agencia Tributaria, jueces, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Europa endurece las exigencias sobre los datos
La reforma responde también al nuevo marco europeo contra el blanqueo de capitales.
El Reglamento europeo 2024/1624 y la Directiva 2024/1640 refuerzan las reglas para determinar quién posee o controla las sociedades. Uno de sus objetivos es conseguir que la información sobre titulares reales sea adecuada, exacta y esté actualizada.
El marco europeo presta especial atención a la propiedad indirecta y a las estructuras jurídicas que pueden dificultar la identificación de la persona que ejerce el control.
El Reglamento será aplicable, con carácter general, a partir del 10 de julio de 2027, fecha que marca también el horizonte para la adaptación de la normativa española.
Qué cambia para autónomos y pequeñas empresas
Para autónomos societarios y pequeños empresarios, la reforma aumenta la importancia de mantener actualizada la información relativa a la propiedad y el control de sus sociedades.
El objetivo anunciado no es investigar de forma generalizada a cualquier autónomo que tenga una empresa. La finalidad es disponer de mecanismos más eficaces para detectar estructuras que puedan ocultar al verdadero propietario.
La reforma supone así un paso hacia un mayor control sobre la información societaria y su fiabilidad. Para las empresas, esto refuerza la necesidad de que los datos sobre su estructura de propiedad reflejen correctamente quién ejerce el control efectivo.
De momento, se trata de un anteproyecto. Su aprobación en primera vuelta no activa las nuevas facultades previstas. El texto todavía debe superar el proceso de tramitación antes de incorporarse definitivamente al ordenamiento español.
